La Organización en Defensa de lo Público defiende la subida del salario mínimo interprofesional y critica la postura de la CREEX y de APAG

“Desde la ODP consideramos positiva para la población trabajadora y para el conjunto de la sociedad extremeña la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)”, señalan en nota de prensa.

Para la ODP,  “las declaraciones realizadas por los dirigentes de la CREEX, patronal extremeña, y de algunas organizaciones agrarias, representativas de los grandes agricultores de Tierra de Barros, en las que manifiestan que esta elevación es negativa para la creación de empleo y que no beneficia a la sociedad extremeña responden a unos intereses egoístas y clasistas de estas corporaciones patronales”.

“A los representantes de las clases empresariales extremeñas no les gusta el incremento en el SMI ya que lo aprobado por el Gobierno central les altera los beneficios empresariales, que así y todo no sufrirán cambios destacables, y los esquemas mentales puesto que su posición preponderante en el estado actual de la lucha de clases les permitía establecer de manera muy satisfactoria a sus intereses las relaciones laborales con la población trabajadora basadas sobre todo en el pago de salarios precarios”, afirman.

“Sin duda, el nuevo SMI obligará a que en todos los sectores productivos suban los emolumentos que se pagan a los trabajadores y trabajadoras desde el 1 de enero adaptándolos al SMI. “En el caso concreto de la agricultura, el convenio agrícola deberá negociarse de manera inmediata además de que los jornales de los trabajadores del campo fijos y eventuales que en la mayoría de las categorías están por debajo del SMI deberán modificarse y adaptarlos de manera inmediata, desde ya mismo, al incremento producido”.La ODP opina que “los representantes de la CREEX y de los grandes agricultores de Tierra de Barros nos quieren hacer creer que sus intereses particulares son los intereses de toda la sociedad, y nos mienten conscientemente justificando su oposición a esta subida con la idea de que se producirá una disminución en la creación de empleo; ni qué decir tiene que la contribución al empleo social que ellos realizan no es muy de destacable”.

“Sus afirmaciones recurren a los tópicos sin base científica, amparadas en una ideología anclada en la preponderancia y dominación de unas clases sociales sobre otras”, añaden.

“En nuestra tierra extremeña, por más que pasen los años, sigue arraigada en ciertos grupos sociales esa profunda ‘memoria aristocrática’ que considera que a los de ‘escalas sociales’ más bajas se les puede satisfacer como a la antigua usanza con un ‘trozo de pan, tocino y morcilla”, aseveran.

Los presupuestos regionales para el año 2019 destinan partidas para financiar las actividades agrícolas, destacando sobre todas ellas las procedentes de fondos comunitarios, en concreto casi 600 millones de euros de la PAC. “Pues bien, aún no hemos escuchado a los representantes de las organizaciones agrarias que la sociedad extremeña obtendría mayores beneficios sociales si se procediera a un reparto más equitativo de esta partida. La distribución actual de estos fondos comunitarios beneficia muy específicamente a los grandes productores agrícolas”.

“Toda esta gente sabe que la distribución de los fondos de la PAC, tienen como objetivo acelerar la modernización y la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas agrícolas y expulsar de sus tierras a los pequeños agricultores. Las declaraciones de los representantes de la patronal agraria dan a entender de manera implícita su futuro posicionamiento en la negociación del convenio colectivo del campo”, subrayan.

El presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, “está muy equivocado si considera que con destinar partidas de 500.000 euros para financiar a las organizaciones agrarias o con cientos de miles de euros a los patronos de la CREEX va a garantizarse el apoyo político a la vez que frena las presiones y comportamientos críticos para con su gobierno”.

“Los dirigentes políticos regionales del PSOE aún no han tomado nota de que ya cedieron a las presiones de los agricultores y se cargaron el rebusco perjudicando a miles de familias que encontraban en esta actividad un aliciente económico para aliviar sus escaseces y dificultades económicas”, critican.

“Próximamente aumentarán las presiones políticas desde estos sectores empresariales para que se lleve a efectos el regadío en Tierra de Barros, cuando se conoce con suficientes informes técnicos y financieros que dichos regadíos son una misión casi imposible por motivos derivados de las carencias de agua y el coste económico para superar las alturas naturales que impone el terreno, y además según lo que conocemos, la distribución de estos cultivos beneficiarán a un número muy pequeño de grandes agricultores a costa de del dinero público, que una vez más servirá para provecho de una minoría privilegiada situada en el escalafón superior de la sociedad”, finalizan.

En imagen, propuesta de la ODP para los salarios del futuro convenio agrícola, que deberá negociarse "de manera inmediata"

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