Opinión. 'Una vuelta hacia la esclavitud en pleno siglo XXI'



Para las elites económicas y una parte de la derecha política no fue plato de buen gusto, nunca se sintieron cómodas con el control de un Estado que se encargaba,  al menos aparentemente, de promocionar valores como la solidaridad (ese era el espíritu de campañas como la del "Hacienda somos todos"), que al ser interiorizados por  la sociedad obligaban al empresariado y demás interesados en la desregulación a morderse la lengua para no granjearse una imagen pública negativa. España creía en  la justicia social y la avaricia era vista como una amenaza.

Con el paso del tiempo y el ascenso al mercado laboral de nuevas generaciones de jóvenes mejor formados, pero educados en el individualismo y sometidos a un bipartidismo  encubierto que genera apatía y desmotivación, llegó la crisis. Una crisis que curiosamente fue desencadenada por factores que habían sido perfectamente identificados  (véanse los informes del Banco de España advirtiendo sobre los riesgos de un boom), pero ante los cuales nuestros gobernantes prefirieron mirar para otro lado.  Casualidad o no, el resultado ha sido la generación de más de cinco millones de parados, el clima perfecto para arrancar de raíz todos los derechos adquiridos a  ciudadanos y ciudadanas que hacen cola para poder trabajar y que por tanto están dispuestos a ver empeoradas sus condiciones, por una simple cuestión de supervivencia.

Aprovechando esta sensación de vulnerabilidad, contra la que poco o nada han hecho los sindicatos tradicionales, los que aborrecían la garantía de la dignidad de los  trabajadores entraron en tropel y han comenzado a arrasar con todos los derechos adquiridos con total impunidad. Ejemplo de ello son las reformas laborales aprobadas  por PSOE (junio de 2010) y PP (febrero de 2012), que han dejado a la clase trabajadora a los pies del empresariado.

El problema es que la avaricia es como una fiera que nunca está en calma y siempre quiere más. Muestra de ello fueron las palabras de Juan Roig, presidente de Mercadona,  que proponía, en una información recogida por Cinco Días en marzo de 2012 (recién aprobada la reforma de Rajoy), "imitar la cultura del esfuerzo con la que trabajan  los 7.000 bazares chinos que hay en España". Y eso pese a que su empresa había cerrado el año 2011 con un aumento del 19% en sus ventas y con unos beneficios de 490  millones de euros. El hecho de que la sociedad española no reaccionara a una agresión de este tipo explica los estragos que puede llegar a causar el miedo.  

A Roig le han seguido el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, que no mostró tapujos al solicitar la regulación  del derecho a huelga, ya que su juicio no se puede "permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país, sus aeropuertos, sus transportes..." (El Economista, 18-3-2012); el Banco de España, que sugería en mayo del presente año contratar por debajo del salario mínimo, en un informe recogido por la Agencia Europa Press; el Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la UE, que pedía el contrato único con el que salivaba días después Esperanza Aguirre  (El Economista, 3-6-2013); el responsable de Relaciones Laborales de la CEOE, José de la Cabada, que ha dicho públicamente que los permisos por defunción son excesivos (Europa Press, 17-6-2013); e incluso el presidente del BBVA, Francisco González, que no se quedó contento con los más de 1.600 millones que ganó su banco en 2012 y  quiere que el Gobierno profundice en su reforma laboral (Eldiario.es, 17-6-2013). Todas estas posturas han sido refrendadas por el último informe del FMI, que va más  allá y pide mayor facilidad para romper convenios, así como "reducir la interpretación judicial de los despidos objetivos", (Cadena Ser, 19-6-2013).

Curiosamente, esta recomendación del FMI ha sucedido a algunos rumores recogidos por la prensa estatal sobre una presunta negociación del Gobierno con los actores sociales (sindicatos y CEOE) para implementar la segunda fase de la reforma laboral, la cual parece parada, aunque con visos de ser retomada en cualquier momento.
 
En caso de que así sea los trabajadores y las trabajadoras de este país tendrán que decidir entre asumir las medidas del Gobierno con la pasividad que lo han hecho  hasta ahora o comenzar a establecer nuevas formas de organización dentro de sus empresas para poder hacer frente a la nueva avalancha que se les viene encima. De lo  contrario, dejarán el terreno allanado para que los y las jóvenes que se incorporen al mercado laboral, así como las generaciones futuras, se vean sometidas a un régimen  de semiesclavitud en pleno siglo XXI. 


*Artículo 35.1 de la Constitución Española: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio,  a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse  discriminación por razón de sexo".

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