El movimiento ‘Extremadura por la sanidad pública’ celebrará un acto en Almendralejo este jueves

En diferentes puntos de la región se han multiplicado las protestas por la situación actual del Servicio Extremeño de Salud que se ha hecho insostenible. De esta forma, surgimos para canalizar ese sentimiento, analizar los orígenes del problema y ayudar en la búsqueda de soluciones.

A partir de 2002, tras recibir las transferencias, Extremadura aumentó anualmente su dotación de recursos en atención primaria y hospitalaria. En 2009 en la valoración anual de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) fue considerado el mejor servicio sanitario.

Entre 2009 y 2014 se produce el mayor recorte en gasto sanitario público por habitante que pasa de 1575 a 1178 euros. Una disminución del 25%, la mayor de todas las Comunidades Autónomas. El recorte presupuestario repercute sobre todo en los gastos de personal y de inversiones. Se mantiene el gasto farmacéutico y el gasto destinado a la asistencia a los funcionarios a través de las mutualidades.

A partir de 2014 los recortes se consolidan y en los sucesivos ejercicios presupuestarios los incrementos van destinados a gasto farmacéutico, que se mantiene como el más alto de todas las Comunidades Autónomas, y a tecnología sanitaria, con congelación de plantillas y de inversiones.

Entre 2012 y 2020 también se produce un recorte acumulado de 6.322 millones de euros en la aportación de la Administración General del Estado a las CCAA para atención a la dependencia, según cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El gasto público en Extremadura es de 1.051 euros por persona, potencialmente por debajo de la media española.

La llegada de la pandemia de la COVID-19 se produce en un momento en el que el sistema sanitario y sociosanitario están trabajando al límite. Sus trabajadores realizaron un gran esfuerzo para responder a una sobrecarga asistencial que recayó íntegramente en el sistema público.

El dictamen para la reconstrucción social y económica aprobado en el Congreso de los Diputados acordó en su apartado 8.3: “Aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos/as y enfermeros/as por habitante de los países desarrollados. Se debe llevar a cabo una planificación a medio plazo sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria basadas en indicadores de la población (envejecimiento, ruralidad, vulnerabilidad social y económica, dispersión, etc.)”

Ignorando este acuerdo, la inversión postpandemia ha ido destinada fundamentalmente a tecnologías sanitarias, ha seguido creciendo el gasto farmacéutico y no se han reforzado plantillas ni se han establecido medidas en respuesta al previsible incremento de la demanda postpandemia que se ha producido en 2021 y 2022. Esto ha llevado a un aumento de listas de espera para consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. En atención primaria se han producido incrementos inasumibles de los tiempos de espera que han alcanzado los 10 días.

Aunque hay numerosas evidencias de que la gestión pública es la que mejor atiende las necesidades de la población, la Junta de Extremadura destinará en 2023 un 14% más que en 2022 a conciertos con la sanidad privada llegando a los 101 millones de euros. Los cambios legislativos producidos tras la LGS, fundamentalmente la Ley 15/1997 permiten que una parte importante del presupuesto de la sanidad pública vaya a engrosar las arcas de las empresas privadas de salud.

El deterioro del sistema público ha llevado a un aumento sin precedentes del aseguramiento privado que ha pasado en Extremadura del 10% de la población en 2011 al 19% en 2021. La evolución del sistema sanitario está llevando a una atención en dos niveles: una población con doble aseguramiento público/privado que utiliza la sanidad privada para problemas menos complejos y la sanidad pública para problemas graves, y otra población más vulnerable que sólo puede recurrir a la sanidad pública.

PLAN DE ACCIÓN QUE RECLAMAN

1. Aumento de gasto sanitario público para hacer realidad un sistema que responda a las necesidades de la población. Alcanzar la media de la Unión Europea de 2.244€ por habitante (2658 €/h en la UE-15). Incorporación progresiva del gasto que se destina a las mutualidades de funcionarios a la financiación del sistema sanitario público. Eliminación progresiva de la financiación a la sanidad privada hasta desaparecer en cinco años.

2. Gestión eficiente del sistema sanitario público con gestores seleccionados con criterios no partidistas. Inspección y control de la transferencia de riesgos desde las aseguradoras privadas al sistema público.

3. Aumento del gasto público destinado a atención primaria acercándose al 25% del total del gasto sanitario público para alcanzar los 500 euros/ habitante. Aumento de ratios de personal para garantizar acceso al médico de atención primaria en un máximo de 48 horas.

4. Aumento de camas hospitalarias públicas. En Extremadura hay actualmente 3.500 públicas y 250 concertadas parcialmente. Es necesario un incremento de camas públicas hasta alcanzar la media de Europa de 4.5 camas por 1.000 habitantes. Aumento de ratios de personal en atención especializada hospitalaria para reducir las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Refuerzo de hospitales comarcales e Implementación de recursos públicos especializados en comarcas aisladas de las áreas más extensas

5. Aumento de recursos en salud mental para aproximarse a la media europea. Psicólogos: la ratio de profesionales en la sanidad pública española era en 2018 de 6 por cada 100.000 habitantes, tres veces menor que la media europea, de 18. En Extremadura había 89 psicólogos, unos 8,8 por cada 100.000 habs. Psiquiatría: España sigue teniendo menos especialistas que otros países europeos: 11,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes frente a 18 de media europea.

6. Aumento presupuestario destinado a los Cuidados de Larga Duración (CLD): atención domiciliaria, centros de día, etc. Alcanzar los 1.200 euros por persona potencialmente dependiente. Aumento de plazas en residencias públicas. Reducción de los tiempos de espera para valoración y prestación.

7. Control de gasto farmacéutico. Uso racional del medicamento y aumento de la prescripción de genéricos y biosimilares. Reclamación al gobierno central de una industria farmacéutica pública nacional.

8. Delimitación con régimen estricto de incompatibilidad entre la sanidad pública y la sanidad privada para evitar conflicto de intereses y demanda inducida.

9. Recuperación de las estructuras de participación. Consejos de salud de zona y de área que garanticen el papel de la población en la toma de decisiones.

10. Derogación de la Ley 15/1997 y de los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad.

COMPROMISO

Trabajar para recuperar un sistema sanitario público en Extremadura basado en la equidad y la solidaridad con los más vulnerables, de acceso universal, con atención integral y gestión participativa.

Desde el Movimiento ‘Extremadura por la Sanidad Pública’ hacemos un llamamiento a toda la población extremeña a sumarse a nuestro colectivo y participar en las movilizaciones que estamos organizando en todas las localidades extremeñas pues es, nada más y nada menos, que la salud de nuestras familias es lo que está en juego.

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