USO consigue una sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Zafra por “vulneración de distintos derechos” de un policía local

Imagen: Ayuntamiento de Zafra

En el último mes, los servicios jurídicos de USO Extremadura han conseguido tres sentencias condenatorias hacia otros tantos Ayuntamientos de la región, “debidas todas ellas a distintas decisiones de sus respectivos alcaldes y alcaldesas que vulneraban los derechos laborales de distintos policías locales”, señalan en nota de prensa.

El primer Ayuntamiento condenado ha sido el de Zafra, “cuyo alcalde, José Carlos Contreras (PSOE), permitió que se privara a un agente de su derecho a percibir la gratificación denominada COVID-19”, indican. Esta gratificación “fue aprobada para toda la plantilla como contraprestación a la suspensión del disfrute de todos sus permisos, asuntos particulares y vacaciones durante el estado de alarma del año 2020. Sin embargo, uno de los agentes fue requerido por los servicios de salud para someterse a una intervención quirúrgica, por lo que no pudo prestar servicio durante los dos últimos días del periodo fijado para la suspensión de sus derechos por encontrarse convaleciente, motivo que aprovechó la Alcaldía para informar negativamente acerca del derecho a percibir dicha gratificación”.

“Desde USO siempre tuvimos claro que esta decisión de la Alcaldía constituía una discriminación por razón de salud hacia este trabajador, algo que ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz ha venido a corroborar•, afirman.

Y añaden: “Desde USO queremos hacer un llamamiento a los distintos alcaldes y alcaldesas de las distintas localidades de Extremadura para que pongan un poco más de interés en cumplir con todas las normativas que regulan y reconocen los derechos laborales y retributivos de la totalidad de los empleados públicos de sus respectivos ayuntamientos, además de no obcecarse en tratar de salirse con la suya siempre y por encima de todo y de todos, con absoluto menosprecio a las evidencias que se les plantean en vía administrativa, ya que de lo contrario son los ciudadanos de sus localidades y las arcas municipales de estas localidades las que acaban pagando los platos rotos de las sentencias judiciales que les condenan a pagar unas costas que, en la mayoría de las ocasiones, deberían repercutir sobre sus propios bolsillos y no sobre el interés general”.

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