La OMIC elabora un díptico con recomendaciones para los consumidores

Coincidiendo con el Dïa Mundial de COnsumidor, que se celebraba este lunes 15 de marzo, la OMIC de Villafranca de los Barros ha elaborado un díptico que recoge una seie de recomendaciones en materia de consumo y de los derechos de los consumidores.

Las oficinas de información a las personas consumidoras tienen las siguientes funciones:

a) Informar, ayudar y orientar a las personas consumidoras para el adecuado ejercicio de sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación, en su caso.

b) Recibir y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de las personas consumidoras y de las asociaciones de personas consumidoras y traslado de las mismas, en su caso, al órgano administrativo competente para su resolución.

c) Realizar tareas de educación y formación en materia de consumo.

d) Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de las personas consumidoras en relación con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y formación

e) Disponer de documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así como potenciar su investigación y estudio.

f) Recibir sugerencias o peticiones concretas, elevando estas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios.

g) Elevar consultas al Consejo de Consumo de Extremadura.

h) Colaborar, en su caso, con el Servicio de Control de Mercado del Instituto de Consumo de Extremadura o departamento equivalente.

i) Facilitar datos referentes al registro y autorización de bienes y servicios, y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo y peligrosidad.

Son derechos básicos de las personas consumidoras:

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.

c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.

d) La información correcta sobre los diferentes bienes y servicios.

e) La educación, formación y divulgación en materia de consumo, así como información ayuda y orientación por parte de la Administración competente.

f) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de personas consumidoras legalmente constituidas.

g) Cualesquiera otros que puedan resultar reconocidos en el desarrollo reglamentario de esta ley o en cualesquiera leyes con incidencia directa o sectorial en materia de consumo

Sistema Arbitral de Consumo

El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.

1. Únicamente podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos a que se refiere el artículo 1.2 que versen sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos.

El Arbitraje de Consumo presenta una serie de características:

- Voluntariedad por ambas partes, consumidores y empresarios.

-Vinculante: una vez que las partes aceptan acudir a esta vía para resolver el conflicto se comprometen a cumplir la solución que dicte el órgano arbitral.

- Rapidez: los plazos para la resolución de los conflictos son menores que los de los Tribunales.

- Eficacia: se resuelve mediante un laudo o resolución sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria.

- Economía: el sistema es gratuito para las partes, que deben costear sólo en determinados supuestos la práctica de peritajes. La Administración es quien asume el gasto del pago de los árbitros, funcionarios y medios técnicos y materiales que dan soporte al Arbitraje de Consumo.

-Ejecutividad: los laudos que dictan los órganos arbitrales son de cumplimiento obligatorio para las partes y, si una no cumple, la otra podrá instar la ejecución forzosa del laudo ante el Juzgado de Primera Instancia mediante un sencillo y rápido procedimiento.

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