Sostiene Gallardo que “la DIA no se basa en ningún informe técnico avalado por alguna administración”, olvidando que, precisamente la DIA es el informe técnico. Y que quien redacta la DIA es la administración de más alta instancia que puede hacerlo, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, concretamente la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, estando rubricada por el propio Secretario de Estado de Medio Ambiente, la segunda más alta autoridad del Estado en la materia. No parece demasiado entendible a qué se refiere Gallardo cuando exige informes avalados por alguna administración.

También lamenta Gallardo que el Ministerio afirme que “hay aspectos sin analizar adecuadamente” y a pesar de ello no le hayan pedido informes al respecto. En este punto, Gallardo deja claro otro gran desconocimiento acerca de la legislación ambiental, pues quien ha de detectar, describir y detallar los posibles impactos de un proyecto e intentar demostrar que estos son asumibles, es el propio promotor, y no limitarse a cumplimentar los requerimientos del órgano ambiental.

Se queja el industrial de la importancia otorgada al rechazo social al proyecto, aportando el dato falso de sólo 191 alegaciones entre contrarias y favorables al proyecto, cuando la DIA es clara al cifrar en 43.624 alegaciones, 54.191 firmas suscribiendo el escrito de Refinería No y 1.081 firmas de adhesión al escrito de Amigos del Camino de Santiago, “todas ellas solicitando la declaración de impacto ambiental negativa del proyecto”. Se pregunta Gallardo acerca del porqué se ha evaluado algo tan subjetivo como la oposición ciudadana y a la vez sobre porqué no se ha tenido en cuenta a “las plataformas del sí” (sic). Según el espíritu y la letra de la normativa de evaluación ambiental, para valorar todos los impactos de forma acorde al objetivo de prevenir o, en su caso, disminuir en lo posible, los impactos de cualquier actividad sobre el medio ambiente y la calidad de vida, se deben de tener en cuenta como elementos de primer orden el rechazo social generado por la actividad evaluada. Algo que, evidentemente, no es del agrado de Gallardo ni de los políticos amigos de las decisiones políticas tomadas. Por otro lado, la oposición social a un proyecto, puede inclinar el fiel de la inviabilidad, pese a que este fuese viable desde el punto de vista ambiental o económico, por ejemplo. Por el contrario, un proyecto inviable desde el punto de vista económico o ambiental, no puede ser condicionado hacia la viabilidad por mucho apoyo social que reciba.

Pide Gallardo al Ministerio de Industria que “revoque” la DIA para encauzar el proyecto, demostrando nuevamente el más absoluto desconocimiento del procedimiento. Con unas mínimas nociones sabría que el Ministerio de Industria no puede revocar una resolución del MAGRAMA ni de ningún otro ministerio. Y también sabría que con una DIA negativa, el expediente de Refinería Balboa da por finalizado definitivamente su procedimiento administrativo, no teniendo ya el Órgano Sustantivo (Ministerio de Industria) nada que aportar. (Si la DIA hubiese sido positiva, el expediente se hubiese trasladado al Miniserio de Industria; y si este emitiese una Autorización Ambiental Previa positiva, el expediente recaería sobre la comunidad autónoma para que esta le otorgase, o no, la Autorización Ambiental Integrada para, si esta fuese positiva, proceder a la solicitud de las licencias municipales). De conocer este dato, Gallardo se habría ahorrado asegurar que seguirá “defendiendo el proyecto hasta el final”, pues sabría que el “final” llegó con la DIA negativa.

Pero el desconocimiento de Gallardo no se limita a la legislación ambiental en materia de evaluación ambiental, sino que también deja meridianamente claro que desconoce su propio proyecto. Afirma Gallardo que al MAGRAMA falsea datos cuando afirma que RB hubiese contado con fuentes de emisión de más de 100 metros cuando, según Gallardo, ninguna sobrepasaría los 90 metros. La afirmación de Gallardo sería cierta si con “fuentes de emisión” nos refiriésemos sólo a las chimeneas (que efectivamente alcanzarían una altura máxima de 90 m.), pero olvida que las antorchas de combustión también son consideradas como tales y que según el propio Estudio de Impacto Ambiental alcanzarían los 120 metosr (Página 102, Capítulo 3, Tomo 1 “Descripción del proyecto”). Lamenta Gallardo en su comunicado que el Ministerio haya considerado como “severo” el impacto visual de la planta, cuando el propio promotor lo considera literalmente “severo” en su Estudio de Impacto Ambiental, incluso tras la aplicación de las medidas correctoras pertinentes. (Página 126 Tomo 1 Capítulo “Impactos”).

Por otro lado, según Gallardo, a la ampliación de Cepsa en La Rábida no se la ha requerido desde el Ministerio los mismos informes sobre la probabilidad de vertidos, sugiriendo algún tipo de trato discriminatoria hacia Refinería Balboa, a la que sí se la han pedido. Debería de conocer el señor Gallardo que la ampliación de la refinería de Cepsa utilizará la misma monoboya ya existente, el mismo pantalán y el mismo oleoducto submarino, infraestructuras ya en funcionamiento desde hace años  y a las que no es necesario someter a nuevos procedimientos ambientales. También asegura el empresario que el riesgo de vertidos en la costa por aumento de tráfico de buques petroleros, contrariamente a lo que afirma la DIA, no aumentaría. Ello contrasta con los datos que el propio Gallardo plasma en su EsIA, en el que se reconoce el riesgo de vertidos de crudo con una probabilidad de 26,7 incidentes (vertidos) cada diez años, algunos de los cuales con un volumen de vertido superior a 136 toneladas. Sólo en la monoboya, sin pantalán ni oleoducto submarino ni petroleros (EsIA páginas 34-35 Tomo 2 “Oleoducto”, capítulo “Impactos”). También en el propio EsIA (página 40 Tomo 2 “Oleoducto, capítulo “Imapactos”) afirma que aumentará el tráfico de buques petroleros en 40 de 140.000 tm., pese a que en el comunicado se contradice y afirma que no aumentaría el tráfico de petroleros.

Del mismo modo, afirma Gallardo que el Ministerio estima erróneamente en la DIA una producción de residuos superior a la media y aporta el dato de 2.952 Tm/año, por debajo de lo generado en otras refinerías de capacidad similar. No aclara Gallardo, en cambio, que – tal y como explica la propia DIA- el dato sobre los residuos generados en refinería Balboa no incluye el volumen de residuos sólidos derivados de la supuesta planta de “Vertido cero” que, con el objetivo de evitar los efluentes líquidos a la cuenca del Guadiana, generaría un importante tonelaje de residuos que elevarían de forma considerable el volumen total. Por cierto, Gallardo basa su teoría de “Vertido cero” en la construcción de unas gigantescas balsas de aguas contaminadas de las que no aporta documento alguno que aclare sus características, ubicación, riesgos o impactos.

Las declaraciones de Alfonso Gallardo denotan, no sólo un desconocimiento supino de la legislación ambiental y – lo que es más grave- de su propio proyecto. También dejan en evidencia el profundo desprecio que siente por unos procedimientos – los de Evaluación Ambiental- que se fueron afianzando en los países desarrollados en las últimas cinco décadas para preservar el interés general de los recursos naturales, del medio ambiente y de la calidad de vida, frente a los intereses particulares y para buscar un equilibrio entre las actividades humanas más lesivas y la conservación del entorno. También muestra un revelador desprecio por unos técnicos garantes del interés general a los que le gustaría ver sustituidos por políticos valedores de los intereses del Grupo Gallardo, algo que desgraciadamente ha sido demasiado frecuente en esta tierra.

Manuel García González