El PP exige a la Junta que las medidas contra la exclusión “se lleven al Parlamento y no se aprueben vía decretazo”

En la imagen, José Ángel Sánchez Juliá

Denuncia que en el borrador remitido a los grupos parlamentarios “se recoge el silencio administrativo negativo”

El coordinador del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales de la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha exigido a la Junta que no apruebe el “decretazo” de medidas extraordinarias contra la exclusión social y que las modificaciones que pretende impulsar “las traslade al Parlamento como proyectos de ley individuales para su debate por parte de todas las fuerzas políticas”.

En una rueda de prensa en Mérida, ha recordado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que “no tiene mayoría absoluta” y que “han sido los extremeños quienes le han dado el mandato de gobernar con el diálogo, especialmente cuando se trata de temas tan importantes y sensibles, que deben ser debatidos con luz y taquígrafos”.

Para el diputado popular, este asunto debe abordarse con la “máxima transparencia” que, según ha dicho, hasta ahora “no ha estado presente, porque la Junta está actuando desde el máximo oscurantismo”. “El señor Vara negocia los asientos de su gobierno en una reunión en 'La Corrala', pero quiere negociar las políticas que afectan a las personas a través de un correo electrónico”, ha criticado.

Contenido del “decretazo”

Sobre el contenido del “decretazo” remitido por parte de la Administración regional a los grupos parlamentarios para su análisis, Sánchez Juliá ha advertido de varias deficiencias, especialmente referidas a los cambios propuestos en la Ley de la Renta Básica Extremeña de Inserción.

Al respecto, ha concretado que “las modificaciones previstas lesionan los derechos de los beneficiarios de la Renta Básica al eliminar el carácter retroactivo que se recoge en la norma en vigor y que garantiza que los efectos económicos de esta ayuda se reconozcan desde la finalización del plazo que tiene la administración para resolver una solicitud, es decir tres meses”.

Según subrayaba, la propuesta de la Junta es que esos efectos económicos se reconozcan a partir del día siguiente de la resolución, “con lo que si dicha resolución se retrasa 6 u 8 meses, el solicitante será quien asuma el coste de este retraso de la administración y será quien sufra las consecuencias”.

En cuanto a la subrogación del derecho de la Renta Básica, “que también se recoge en el ‘decretazo’ de la Junta”, Sánchez Juliá ha explicado que se trata de “una clara aberración jurídica en los términos en los que está planteada, porque supone aplicar un procedimiento absolutamente arbitrario y porque convierte a los trabajadores sociales en fiscales y en jueces”.

Al hilo de lo anterior, ha indicado que “la Junta no puede pretender la subrogación de este derecho en caso de abandono de las obligaciones de la unidad familiar con menores, discapacitados o dependientes con un informe de un trabajador social, puesto que el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social prohíbe expresamente a las entidades, órganos y organismos revisar por sí mismos sus actos declarativos de derecho, debiendo ser siempre revisados por un Juzgado de lo Social”.

En este mismo sentido, ha detallado que los artículos 172 y 174 del Código Civil establecen una serie de medidas a fin de constatar el abandono de obligaciones familiares por parte del titular del derecho y ha señalado que el artículo 226 del Código Penal tipifica este abandono de obligaciones para con menores y personas con discapacidad o en situación de dependencia como un delito.

El “engaño” del silencio administrativo”

Asimismo, el coordinador del GPP en materia de políticas sanitarias y sociales ha calificado de “engaño a los grupos parlamentarios o a los ciudadanos” el anuncio realizado por el Gobierno de Fernández Vara de que aplicará el silencio administrativo positivo para las solicitudes de Renta Básica sin respuesta.
Sobre este asunto, ha señalado que en el artículo 21.3 del borrador del decreto remitido a los grupos se recoge de manera literal que “la falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver legitima a los interesados a entender desestimada su solicitud por silencio administrativo”, conforme a lo recogido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por tanto, ha dicho, “o la Junta ha engañado a los grupos parlamentarios o la Junta está engañando a todos los extremeños con esta cuestión”, motivo por el que el popular ha reclamado la “máxima claridad y transparencia” y explicaciones “inmediatas” por parte del Ejecutivo de Fernández Vara.
Mínimos vitales y acceso a la vivienda
Por último, Sánchez Juliá se ha referido a los Mínimos Vitales y ha criticado que “la pretensión de la Junta es la de excluir taxativamente de los mismos a los beneficiarios de Renta Básica”, quienes, para el Partido Popular “deben ser los principales destinatarios de estas ayudas”.
Asimismo, ha lamentado que el procedimiento para la concesión de estas ayudas se “pospone al desarrollo de un reglamento posterior, que es en el que se fijarán los requisitos para solicitarlas”. En esta línea, ha señalado que “no se entiende” que “si esto es tan urgente como dice la Junta ahora se decida retrasarlo”.

Por otra parte, ha argumentado que en la parte destinada a medidas de acceso a la vivienda, la Junta “está despenalizando las ocupaciones ilegales” y “legitimando la patada en la puerta”.
Al respecto, ha comentado que “una persona que le pegue una patada a la puerta de una vivienda social, si la había solicitado con anterioridad, no será penalizada”, con lo que se ha preguntado “qué le va a decir el señor Vara a las familias que están esperando su turno y cumpliendo con los procedimientos, mientras a otras les va a permitir que se lo salten”.
Finalmente, y en relación a la universalización de la atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular, que es otro de los aspectos que recoge el “decretazo”, Sánchez Juliá ha recordado que en Extremadura “siempre han sido atendidos, porque el gobierno de José Antonio Monago tuvo la sensibilidad” de crear el programa PASCAEX, mediante el que se regulaba su atención a todos los niveles”.
Además, ha criticado que la Junta haya hecho “prácticamente un calco” de la propuesta que trasladó el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para la atención de este colectivo y que el consejero del ramo en Extremadura, José María Vergeles, “se negó a aceptar en la reunión del Consejo Interterritorial”.

Buscar artículo

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.