FIG 2018, del 27 de septiembre al 3 de octubre

Opinión. 'San Jorge: de la euforia a la responsabilidad'

Si por algo es importante el hallazgo de varias cámaras de combustión correspondientes a hornos de materiales constructivos de época romana, así como algún que otro enterramiento en las inmediaciones, es por el CONOCIMIENTO que nos aporta. No sólo porque confirma la importancia de un yacimiento sobre el que lleva insistiendo desde hace décadas el investigador Joaquín Pascual, quien en un artículo de 2010 en la Revista del Cristo señalaba que podría tratarse de la Castra Vinaria de las fuentes clásicas; sino también porque va a contribuir a establecer nuevas hipótesis y líneas de investigación.

En mi opinión, esta aportación al conocimiento de nuestro pasado histórico constituye el principal valor de estos restos arqueológicos, cuya conservación a lo largo del tiempo se debe sin lugar a dudas a su carácter subterráneo. La parte aérea de las mismas, es decir, las cámaras de cocción y cualquier otra estructura, habrían desaparecido como consecuencia de la continuidad de la ocupación humana y de las labores agrícolas sobre estas mismas tierras.

Tan extraordinario es el valor testimonial de este o cualquier otro hallazgo arqueológico que, por mínimo que fuese, debería ser suficiente como para que apelase a nuestras conciencias y nos llevara a establecer un diálogo respetuoso con nuestra historia. Si comprendiéramos esto en toda su dimensión, no pondríamos en peligro la integridad material del sitio por medio de visitas irrespetuosas, como las que están ocurriendo en estos días. Pero además, estaríamos en condiciones de exigirle a la administración pública SENSIBILIDAD, RESPONSABILIDAD y CONGRUENCIA respecto a la gestión de nuestro patrimonio cultural.

Siendo notorio que estos criterios han estado completamente ausentes en la praxis política de este municipio, resulta inexcusable cuestionarse la idoneidad de la petición que el alcalde de la localidad ha elevado directamente al presidente de la comunidad autónoma hace unos días.

Está muy fresca aún en la memoria la campaña de oposición emprendida contra la introducción de trabajos arqueológicos durante las obras de la calle Corredera, donde aparecieron restos de una torre de la antigua muralla. Hasta este momento este ayuntamiento ha mostrado un desinterés absoluto por informar sobre los resultados de la excavación que tuvo lugar en la Plaza de España tras la destrucción del mosaico del Paseo, uno de los mayores atropellos contra nuestro patrimonio en nuestra historia reciente, como también lo fue el cometido contra el Pocero. Es incomprensible que aún no se hayan tomado medidas para evitar la inminente ruina del Palacio Gómez-Jara, cuya pérdida sería irreparable. Tampoco se entiende que una mayoría de intervenciones dentro del conjunto histórico se hayan ejecutado sin la autorización de la Dirección General de Patrimonio.

Cuando se plantea una intervención arqueológica preventiva o de urgencia vinculada al impacto o ejecución de un proyecto público o privado, la tarea primordial pasa por prevenir el riesgo de su destrucción, así como por la documentación y recuperación de los materiales.

Tan sólo si concurren determinadas circunstancias, como la singularidad (que sea único en su clase) o el buen estado de conservación y, no en pocos casos, la compatibilidad de su puesta en valor con la naturaleza, funcionalidad o interés social de la obra, se planteará la pertinencia de "dejarlos al descubierto". Pero esto debería ocurrir exclusivamente si se cuenta con los fondos presupuestarios necesarios para iniciar un plan de investigación, consolidación, musealización y mantenimiento futuro. Cuando se dan todas estas circunstancias, pero no hay dinero, lo mejor es llevar a cabo unas mínimas operaciones de consolidación y cubrirlos de un modo reversible, de modo que podamos garantizar su protección a la espera de que en un futuro pudieran llevarse tales acciones.

A falta de conocer la memoria técnica que emita la empresa que está excavando en la carretera Ex-360 y la trascendencia del hallazgo (aunque es común la aparición de hornos y alfares romanos por todo el antiguo solar que ocupó el imperio romano), quien eleva la solicitud a la Junta de Extremadura tiene la suficiente experiencia política como para intuir de antemano los fuertes condicionantes existentes, la elevada inversión que supone la musealización, vigilancia y mantenimiento del sitio, la inseguridad vial que plantea la elevación del trazado o las dificultades añadidas que representa su desvío, al tiempo que sabe de la euforia que ha causado el hallazgo y el rédito político que puede sacarle.

Alfonso Suárez Pecero
Licenciado en Historia, Máster Oficial en Arquitectura y Patrimonio Histórico

Fotografía: La Gaceta Independiente

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