ODP denuncia las "dificultades" que tiene su concejal para asistir a los plenos

También anuncian que llevarán a la Fiscalía el funcionamiento de la TV local al entender que “emite incumpliendo con todas las normas legales en esta materia, con el consentimiento expreso de la Junta de Extremadura”

La Organización en Defensa de lo Público (ODP) señala en nota de prensa que el alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, “realiza todos los movimientos posibles para que el concejal de ODP, Cristóbal Torres Fernández, tenga difícil su asistencia a los plenos”.

“Cristóbal Torres trabaja en la Universidad de Sevilla de manera presencial, y realiza trabajos virtuales para otras Universidades, disponiendo de tiempo suficiente para la asistencia a los plenos y participar en la vida política de la localidad. Esta racha de posibilidades que tiene para la participación política se le quiere eliminar; para el próximo pleno a celebrar en fechas cercanas se fija una fecha y una hora para su celebración de imposible asistencia. Esto sucedió en otra ocasión”, denuncian.

“Si nos atenemos a la ley que regula este tipo de actividad política municipal, no hay dudas de que la participación en los plenos se facilita legalmente para que se pueda faltar al trabajo y se asista a la celebración plenaria. No obstante, la realidad práctica es muy diferente de la teoría, y lo cierto es que si un trabajador pide permiso por estos motivos, la actividad laboral puede quedar más o menos alterada según el tipo de tareas profesionales de la empresa, con un elevado porcentaje que no se le contrate en un futuro”, explican.

Según ODP, “en repetidas ocasiones se le ha solicitado al portavoz del equipo de gobierno y al alcalde que en casos como estos se considere la posibilidad de conciliar el horario laboral y político para que todas las personas integrantes de la corporación participen en las sesiones plenarias. Esto que se hace con concejales de otros partidos políticos, no se facilita al de la ODP”.

TV local

Por otro lado, ODP informa de que en los próximos días llevarán a la Fiscalía el funcionamiento de la TV local de Villafranca de los Barros, “en vista de que en varias ocasiones hemos solicitado la conformación de su legalidad cosa que no se ha hecho. Por lo que suponemos que este medio de comunicación emite incumpliendo con todas las normas legales en esta materia, con el consentimiento expreso de la Junta de Extremadura”.

“La Junta de Extremadura advirtió ya de esta ilegalidad manifiesta el 1 de marzo de 2014, y de la multa que la ley establece en estos casos, por lo que se paralizó temporalmente su emisión hasta que se comenzó a emitir nuevamente con el cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas de 2015”, detallan.

“En repetidas ocasiones hemos solicitado que se procediera a su legalización y al funcionamiento democrático de la misma, ya que la transmisión televisiva es una repetición diaria con el objetivo de beneficiar políticamente al equipo de gobierno municipal”, aseveran.

Y añaden: “En el año de 2016 solicitamos información a la Junta de Extremadura para conocer las condiciones legales del funcionamiento de este medio local, a lo que se nos contestó con un absurdo de cuestiones técnicas que tenían por fin crearnos una confunsión en base a nuestros conocimientos profanos en normativas de telecomunicaciones, y no aclararnos absolutamente nada. Aquello fue más un abuso de nuestra sospechada ignorancia más que una aclaración como corresponde a una institución representativa de la ciudadanía. Lo calificamos como una burla”.

“En varias sesiones plenarias hemos pedido la información, así como los comunicaciones procedentes de la Dirección General en esta materia de la Junta de Extremadura, que permitieran atisbar los procedimientos para su legalidad o requisitos para su legalización que en definitiva es lo que pretendemos; el autoritarismo prevaleció en toda su magnitud, ni se nos dio información de nada, ni se nos hizo caso”, se quejan.

“La TV local sigue adelante con los mismos criterios y directrices políticas basadas en repetir una y mil veces los logros y consecuciones de nuestro alcalde, y las grandes realizaciones en las que se beneficia el pueblo con su presencia en el sillón magistral”, exponen.

En octubre de 2018, enviamos escrito al Ministerio, a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dando cuenta de la situación y pidiendo que se tomasen las medidas oportunas y depuración de responsabilidades. Hasta la fecha no nos han hecho ni caso. Este caso, es un ejemplo de cómo en este dichoso país la legalidad se aplica de acuerdo a los intereses particulares de quienes ostentan el poder político con la protección y colaboración entre administraciones, aunque se salten los derechos políticos y sociales de las personas y organizaciones”, manifiestan.

“Esto es un caso muy grave pues es un precedente para que la legalidad en esta materia salte por los aires en vista de la ineptitud o consentimiento de la Junta de Extremadura”.

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